¿Plenas garantías, fiscal ad hoc?

se conoció que la Corte Suprema de Justicia decidió enviar a la Fiscalía el proceso del expresidente Álvaro UribeLa Sala de Instrucción comunicó que perdió la competencia frente al caso y ahora será la Fiscalía quien investigue al expresidente y los hechos relacionados con una supuesta manipulación de testigos y fraude procesal, acciones por las cuales está cobijado con una medida de detención domiciliaria.

 

Al respecto, varias voces se han pronunciado sobre el hecho. Se han visto reacciones de lado y lado. Entre las voces críticas está la representante Ángela María Robledo, de Colombia Humana, quien pidió que el fiscal Francisco Barbosa se aparte del caso por el posible conflicto de interés que pueda tener por una relación cercana con el presidente Duque.

“Frente a la decisión de Corte Suprema de Justicia de trasladar el proceso de Álvaro Uribe a la Fiscalía, Francisco Barbosa debe declararse impedido y la Corte nombrar un fiscal ‘ad hoc‘. Ciudadanía exigimos transparencia y garantías en este proceso”, dijo la representante a la Cámara.

Lo que pide Robledo es una figura que se usó en la pasada Fiscalía a cargo de Néstor Humberto Martínez, en la que se designó un fiscal encargado (‘ad hoc‘) para llevar a cabo procesos en los que podría tener un posible conflicto de interés.

Gustavo Bolívar, uno de los senadores que más ha criticado al expresidente, dijo que a él sí le gusta que el caso haya pasado a la Fiscalía. “Pienso que la Corte Suprema de Justicia lo hizo con esa doble intención: demostrar que estamos en una dictadura que no respeta la justicia, que absuelve amigos y persigue opositores”, sostuvo.

El abogado Miguel Ángel del Río sostuvo: “Así como aceptamos la decisión de la Corte Suprema de imponer medida de aseguramiento contra Uribe, es necesario aceptar la decisión de la Corte de enviar el expediente a la Fiscalía para que se investiguen las conductas de Uribe así no la comparta”.

Igualmente, algunos congresistas del Centro Democrático también elogiaron la decisión. “Celebro que la Corte Suprema de Justicia haya pasado el proceso de Álvaro Uribe a la Fiscalía; en ese Tribunal no se tenían las garantías procesales para avanzar en un juicio. Lo único que pide la defensa del expresidente es que se conozca la verdad y se juzgue en derecho”, afirmó la representante a la Cámara Margarita Restrepo.

El exsenador Alfredo Rangel, una de las caras más visibles del partido, dijo que “la Corte enemiga no podía hacer otra cosa. Esperamos que un juez ordinario le brinde a Uribe las garantías que le negó esa Corte, que brille la justicia y que Uribe quede absuelto del infame montaje de los amigos de las Farc en su contra”.

La presidenta del Centro Democrático, Nubia Stella Martínez, se refirió también a unos cables desclasificados en Estados Unidos, donde se señala que Uribe, cuando fue gobernador de Antioquia, tuvo “trato con los paramiitares”.

 

Por su parte, el senador Carlos Felipe Mejía comentó: “Ante el tribunal que sea, ante el pueblo colombiano y para la historia de nuestra patria, el expresidente Álvaro Uribe Vélez defenderá su honorabilidad. Como debe ser, el proceso de Álvaro Uribe ya no será más de la Corte, pasa a la Fiscalía”.

El proceso de Álvaro Uribe va mucho más allá de un juicio penal. Las implicaciones políticas de este asunto son enormes. Además de la polarización del país, está de por medio la percepción de que las dos posibles jurisdicciones no pueden ser imparciales. Su campaña de desprestigio contra la Corte, llena de agravios, insultos y exageraciones, ha calado en un sector de la opinión pública.

Para Francisco Barbosa, este caso es lo que se llama una verdadera “papa caliente”. Las percepciones sobre la Corte y la Fiscalía son simplistas. Aunque en la práctica el caso no recaería sobre Barbosa, sino sobre un fiscal delegado que, en teoría, es independiente, el país político y en especial la oposición nunca van a creer que un fiscal delegado se atreva a acusar o archivarle el caso a Uribe sin consultarle al jefe de la Fiscalía.

Por otra parte, los argumentos jurídicos a favor del traslado del expediente a la Fiscalía también tenían bastante peso jurídico. La propia jurisprudencia de la Corte en el pasado da pie para ello. Además, consideran el acervo probatorio tan sólido que resultaría irrebatible ante cualquier juez. Si con base en esas pruebas la Fiscalía acusa formalmente a Uribe, la Corte Suprema de Justicia quedaría totalmente reivindicada. Y si, por el contrario, archiva el caso, la mitad del país interpretaría la decisión como política.

La gran pregunta ahora será qué ocurrirá con la orden de casa por cárcel que tiene a Uribe confinado en El Ubérrimo desde hace dos semanas. La medida de detención domiciliaria conserva vigencia hasta que el caso llegue a un juez de garantías que decidirá si la confirma o la revoca. Este tendrá que sopesar si era necesaria una medida de aseguramiento sin llamarlo a juicio. Dada la polémica nacional que produjo la detención del expresidente, es probable que el togado al que le caiga el caso considere que este tiene derecho a defenderse en libertad. Eso en el fondo sería respetar su dignidad de expresidente sin que eso signifique exonerarlo.

¿Por qué le interesa tanto a Uribe cambiar de jurisdicción? Porque sabe que allá le va mucho mejor. No necesariamente porque lo vayan a exonerar, sino porque el sistema penal acusatorio es más garantista que el modelo que rige en la Corte. Bajo la jurisdicción de esta, unos magistrados investigan y acusan, y otros dan el veredicto. Bajo la justicia ordinaria, la Fiscalía investiga y acusa, pero un juez de conocimiento condena o absuelve. Este sistema, además, tiene una serie de recursos que permiten enredar y prolongar el proceso.

La Fiscalía tendría que tomarse un tiempo largo para ampliar la investigación y volver a oír a todos los testigos, ya que los juicios son orales. Los abogados de Uribe y de Cepeda también harán lo mismo. Como el expresidente denunció que le habían violado ocho garantías procesales, las diferentes instancias del proceso querrán ser particularmente garantistas.

El senador Cepeda y los críticos del Gobierno pedirán que nombren un fiscal ‘ad hoc‘, pues Barbosa y Duque son amigos íntimos y Uribe es el jefe del partido al que se deben ambos. Aunque en el terreno judicial los impedimentos tienen que ser concretos y específicos, y no sujetos a interpretación. Por eso, en este caso no hay inhabilidades. La defensa de Cepeda insistirá también en que la supuesta autonomía del fiscal que maneje el caso es fantasía. Pero mientras no lo demuestre, no pasará nada. Así que no es fácil que prospere la petición de un fiscal ‘ad hoc‘.

 

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